Desde la Casa Rosada aseguraron a esta agencia que el fallo de la Corte Suprema “no resuelve nada porque hace referencia a un DNU (el 241) que ya no rige” y aclara que el Decreto de Necesidad y Urgencia que lo sucedió “está más fundado dado que, entre otras cosas, se redactó después del dictamen del procurador interino (Eduardo) Casal”, que había hecho referencia a una presunta falta de fundamentos.
“La propia Corte reconoce que se expide sobre un decreto que ya no rige y presenta un fallo que pareciera aportar una serie de recomendaciones a futuro (como la de consensuar políticamente las medidas sanitarias a adoptar) pero en términos jurídicos no queda claro para qué sirve”, fustigó un funcionario del gobierno con despacho en Casa Rosada.
Fuera del análisis judicial, y ya en el campo de lo político, una de las voces de mayor peso en el Poder Ejecutivo nacional señaló que el fallo de la Corte Suprema “es un espanto, una declaración de guerra, que solo puede tener efectos políticos y mediáticos”, que se queda en el “análisis de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que nunca estuvo en tela de juicio”.
La línea de los cuestionamientos al fallo del máximo tribunal la marcó el propio presidente Alberto Fernández, quien en el marco de un acto público aseguró que seguirá «cuidando de la salud de los argentinos y argentinas por más que se escriban muchas hojas en sentencias»; es decir, que seguirá gestionando la pandemia tal y como lo vino haciendo.
Al encabezar el acto de presentación del Plan «Juana Manso», que buscará dotar de conectividad a miles de estudiantes de todo el país, el jefe de Estado criticó «la decrepitud del Derecho convertido en sentencias” y remató: “Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca».
El motivo del acto incluía también un mensaje: la entrega de computadoras para garantizar conectividad y posibilitar el aprendizaje por vía remota en el mismo día en el que la Corte tenía previsto –y finalmente así ocurrió- dictar un fallo que favoreció a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su planteo de no interrumpir la presencialidad en las escuelas a pesar de ser uno de los distritos bajo alerta epidemiológica.
Desde Casa Rosada adelantaron a Télam que, más allá de considerar que el último DNU dictado para gestionar la pandemia está plenamente vigente, el Gobierno seguirá trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para que «en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional», tal como anunciara días atrás del jefe de Estado.
Un funcionario técnico, que siguió la escalada judicial del caso, señaló a Télam que el fallo de la Corte es una “exhortación al diálogo político que omite por completo la situación de emergencia y, por sobre todo, el contexto político de este este país donde los consensos requieren de un tiempo que la pandemia no nos otorga”.
A través de sus redes sociales, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también cuestionó el fallo de la Corte al asegurar que «los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño».
«Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias», dijo la vicepresidenta en un hilo publicado a través de su cuenta en Twitter.
«Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?», se preguntó.
En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, enfatizó que el fallo de la Corte «es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas».
Cafiero escribió en la misma red social que «es lamentable que la Corte haya consumido su tiempo en cuestiones de autonomía y jurisdicción en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas».
«Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas», aseguró, y agregó: «Nosotros vamos a seguir priorizando la salud».
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró el fallo «lleva al límite el funcionamiento institucional», y aseguró que las consecuencias «no son políticas, se miden en vidas».
«Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus», advirtió el ministro en su cuenta de la red social Twitter.
En ese sentido, manifestó que «la autonomía de la CABA, como la de las provincias, no es absoluta» y alertó que «el Covid trasciende fronteras y requiere políticas sanitarias federales».
Asimismo, advirtió que «(el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta judicializó la pandemia con una clara intención electoral» y señaló que «el año pasado, con la mitad de casos que ahora, adhirió a todos los DNU».
«¿Por qué cambió ahora?», preguntó el ministro de Justicia y sostuvo que «lamentablemente, la CSJN se prestó a este juego».
En ese contexto, aseguró que «con un argumento falaz, afirma que ‘no habla de políticas sanitarias’, pero en los hechos es eso lo que está haciendo» y preguntó: «¿Se va a hacer cargo de las consecuencias que genere esta decisión irresponsable?».
«Ninguna política aislada va a poder frenar la pandemia», destacó Soria, y dijo que «lejos de posturas caprichosas buscaremos, como siempre, las vías necesarias para cuidar la vida de todas y todos».
El ministro comenzó el hilo de tuits, afirmando: «El fallo de la CSJN es una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional. Pero las consecuencias no son políticas: se miden en vidas».
